El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que redefine la interpretación del delito continuado de amenazas, estableciendo criterios claros sobre cómo deben ser tratadas las amenazas dirigidas a diferentes personas. Esta decisión, contenida en la sentencia nº 316/2026, de fecha 29 de abril, tiene implicaciones significativas en la protección de los derechos individuales en casos de intimidación.

Redefinición de la continuidad delictiva

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha determinado que las amenazas dirigidas a distintas personas no pueden ser consideradas como un único delito continuado, especialmente cuando afectan a bienes jurídicos de carácter personal. La resolución subraya la necesidad de una respuesta penal diferenciada para cada víctima, dado que las conductas intimidatorias pueden comprometer su libertad y seguridad individual.

Contexto del procedimiento

El caso analizado surgió a raíz de varias denuncias presentadas por las víctimas, quienes reportaron haber sido objeto de múltiples episodios de intimidación y amenazas. Los hechos probados indican que durante el año 2018 se llevaron a cabo varios actos de hostigamiento, que incluyeron expresiones amenazantes y daños a una instalación eléctrica.

La cuestión central del litigio no se centraba en la existencia de las amenazas, sino en su correcta calificación penal. Inicialmente, los tribunales consideraron que se trataba de un único delito continuado de amenazas. Sin embargo, el Ministerio Fiscal apeló esta interpretación, argumentando que cada víctima debía recibir una protección penal independiente.

Fundamentación legal

La decisión del Tribunal Supremo se basa en la interpretación del artículo 74.3 del Código Penal, que establece límites a la aplicación del delito continuado en situaciones donde los hechos afectan a bienes jurídicos personales. En estos casos, no es posible agrupar conductas dirigidas a diferentes víctimas bajo la figura del delito continuado.

La Sala aclara que el delito continuado permite la unificación de hechos similares cuando existe una conexión temporal, una actuación homogénea y un propósito unitario. Sin embargo, esta figura tiene restricciones cuando cada acción afecta de manera independiente a la libertad, tranquilidad o seguridad de una persona específica.

Implicaciones de la sentencia

El Tribunal Supremo ha acogido el recurso del Ministerio Fiscal y ha determinado que los hechos constituyen dos delitos continuados de amenazas no condicionales, en lugar de un único delito. El fallo mantiene las consecuencias jurídicas previamente acordadas, que incluyen penas de prisión, prohibiciones de aproximación y comunicación hacia las víctimas, así como la responsabilidad civil por los daños causados.

Esta sentencia refuerza una línea jurisprudencial que protege la autonomía de cada víctima en delitos que afectan a bienes personales. El Tribunal Supremo enfatiza que la unidad de contexto o la proximidad temporal de los hechos no puede diluir la existencia de ataques diferenciados cuando hay distintos titulares del bien jurídico protegido.